Solo un municipio corrigió a tiempo; el resto deberá anular acuerdos y reintegrar dinero público
La aprobación de la Ley 32269 en marzo de 2025 encendió la polémica en los concejos municipales del país. La norma fijó que las dietas de los regidores no pueden superar el 30% de la remuneración del alcalde, pagadas solo por asistencia efectiva y con obligación de transparencia. Sin embargo, en la práctica, varios concejos aprobaron incrementos de manera unánime, ignorando restricciones presupuestales vigentes.
La observación llegó desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que recordó que la Ley de Presupuesto prohíbe reajustes o nuevas dietas durante el ejercicio fiscal. En consecuencia, los acuerdos fuera de marco legal deben ser anulados y los montos cobrados en exceso, devueltos.
En la Provincia de Cañete, fuentes confiables confirman que varios concejos —incluido el provincial— deberán reintegrar lo percibido indebidamente. El contraste lo marca San Luis, municipio que derogó su acuerdo tras consultas técnicas y corrigió el error, siendo hasta ahora el único en ajustarse a norma.
Especialistas advierten que la ley orgánica ya permitía dietas de hasta 30%, pero condicionadas a la capacidad económica y decisión responsable de cada concejo, no a aumentos automáticos que rompan el equilibrio fiscal.
