Mientras el país mira a otro lado, las economías ilegales avanzan directo al Congreso
La infiltración del dinero sucio en la política peruana ya no es una sospecha: es una ruta abierta, transitada y, al parecer, bastante concurrida. Una investigación reciente revela que narcotraficantes y mineros ilegales estarían financiando campañas electorales para ganar influencia en un Congreso que, dicho sea de paso, parece dejar siempre la puerta entreabierta.
El caso más llamativo es el de Bruce Lee Bermúdez Guerra, señalado por la Policía como proveedor del cartel de Sinaloa y con pedido de extradición de la DEA. Aun así, permaneció afiliado a Alianza Para el Progreso mientras, según las autoridades, enviaba hasta dos toneladas de cocaína al mes desde el Callao, todo mientras postulaba a una alcaldía en Ayacucho. Y no está solo: partidos como Podemos Perú, Perú Libre y Perú Primero mantienen en sus filas a más de 160 personas vinculadas a minería ilegal.
El combustible de esta maquinaria: efectivo no bancarizado que cubriría el 90% de gastos de campaña, una maravilla para evitar controles de la ONPE. Pero tranquilos, que todo “está bajo supervisión”.
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