Decreto del Ejecutivo busca acelerar investigaciones por extorsión y sicariato, pero reabre el debate sobre abusos y falta de formación ética en la Policía. Sin una estrategia integral, capacitación rigurosa y sanciones ejemplares, el riesgo es que la norma termine siendo otra herramienta mal usada, debilitando aún más la confianza ciudadana
Una vez más, el Estado apuesta por la fuerza antes que por la inteligencia. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que autoriza a la Policía Nacional a revisar celulares y equipos informáticos en casos de flagrancia por extorsión, secuestro y sicariato.
La norma, difundida por la PCM, modifica el Código Procesal Penal y permite la revisión con aval previo del Ministerio Público y posterior control judicial.
El Ejecutivo sostiene que la medida evitará la pérdida de evidencia digital y agilizará investigaciones en delitos de alta gravedad. Sin embargo, la decisión despierta serias dudas. En un país donde persisten denuncias por abuso de autoridad, muchos cuestionan si los agentes cuentan con la formación moral y profesional necesaria para aplicar esta facultad sin excesos.
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