A menos de dos meses de los comicios del 12 de abril de 2026, el debate público no solo gira en torno a propuestas, sino a la coherencia ética de las organizaciones políticas. En el caso de Podemos Perú, la revelación de que 38 postulantes cuentan con sentencias firmes ha encendido una fuerte discusión ciudadana. De ese total, tres aspiran al Parlamento Andino, diez al Senado y veinticinco a la Cámara de Diputados.
Más allá de la legalidad que pueda amparar estas candidaturas, el cuestionamiento central es moral. ¿Puede una agrupación que promete renovación y lucha contra la corrupción sostener listas con este perfil? Analistas sostienen que el verdadero filtro no solo debe ser jurídico, sino ético. En un contexto de desconfianza institucional, cada decisión partidaria se convierte en un mensaje político directo al electorado.
La ciudadanía, finalmente, tendrá la última palabra en las urnas.
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