Consejero regional de Cañete guarda silencio pese a fallas detectadas por la Contraloría en la rehabilitación de aulas del colegio Augusto B. Leguía
El consejero regional de Cañete, José Caico Fernández, vuelve a estar en la mira. Pese a que su función principal es fiscalizar al gobierno regional y garantizar el buen uso de los recursos públicos, su aparente silencio frente a las irregularidades detectadas por la Contraloría en el expediente de la obra de rehabilitación del colegio Augusto B. Leguía genera suspicacias.
Se trata de una inversión de más de S/ 2.2 millones que, aunque firmada en junio, aún no inicia. El informe advierte partidas sin sustento, como resane de paredes con salitre, mantenimiento de cobertura y tratamiento de áreas verdes. El contratista alega “inhabitabilidad” de los pabellones, excusa que fue descartada al aclarar la Contraloría que el único bloque en riesgo no forma parte de la intervención.
La pregunta cae sola: ¿a quién representa Caico, a la población o a los intereses de quienes gestionan estas obras?
