Las versiones cambiantes y la falta de transparencia en denuncias contra la presidenta y su entorno levantan críticas y sospechas en la opinión pública
La reciente diligencia fiscal en busca de evidencias que involucren a la presidenta Dina Boluarte terminó en un aparente fracaso, dejando más dudas que respuestas. El allanamiento, sorpresivamente anticipado por el propio Ejecutivo, evidenció la protección de Juan José Santiváñez, ministro favorito de Boluarte, cuya lealtad fue respaldada en pleno por el Gabinete.
Las denuncias sobre la utilización de prefectos y subprefectos para consolidar un partido político relacionado con Nicanor Boluarte, así como los escándalos vinculados al programa Qali Warma, donde personas del círculo cercano a la mandataria estarían involucradas, han generado un torbellino mediático. A esto se suman los operativos fallidos bajo la dirección del ministro Santiváñez, que muchos califican de “bambas”.
El caso ‘Cofre’ y otros cuestionamientos han transitado por diversas versiones oficiales que contradicen los propios dichos previos del Ejecutivo. La falta de claridad y la evidente estrategia de evasión solo avivan el descontento ciudadano, que exige respuestas concretas en lugar de discursos confusos y contradictorios.
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