¿Dónde está el dinero? Exigen respuestas sobre el destino de fondos públicos destinados a obra vial clave en San Vicente de Cañete
En un escándalo que ha sacudido los cimientos del Gobierno Regional de Lima, la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse el despilfarro de más de un millón de soles en un expediente técnico para la construcción del puente Clarita que, hasta la fecha, no ha dado señales de vida.
La polémica se desató luego de que se hiciera público que el Gobierno Regional de Lima, en junio de 2024, adjudicó la elaboración del expediente técnico del proyecto de recuperación del servicio de Transitabilidad vial interurbana en la ruta LM 127, tramo: PUENTE CLARITA, en San Vicente de Cañete al Consorcio Clarita por la suma de S/932,578.00 soles.
Pero eso no es todo. Un mes antes, en mayo, la misma gestión regional había hecho lo propio con la supervisión de dicho expediente técnico, otorgándole la buena pro al Consorcio Mastercons por un monto de S/274,280.00 soles.
En otras palabras, el Gobierno Regional de Lima destinó la alarmante suma de S/1’206,818.00 soles en un expediente técnico y su supervisión que, a la luz de los hechos, parecen haber desaparecido sin dejar rastro.
Lo más grave del asunto es que, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la vigencia de un expediente técnico es de apenas 9 meses. Esto significa que, a estas alturas, el expediente técnico del puente Clarita ya habría expirado, convirtiéndose en papel mojado y dejando en evidencia el despilfarro de recursos públicos.
La situación ha generado una ola de indignación entre los habitantes de San Vicente de Cañete, quienes ven cómo sus necesidades de infraestructura vial son ignoradas mientras el dinero de sus impuestos se esfuma en proyectos fantasmas.
Las redes sociales se han convertido en el escenario de la furia ciudadana, donde los comentarios y las críticas no se hacen esperar.
Asimismo, la figura del consejero cañetano José Caico Fernández – ha sido objeto de duras críticas, cuestionando su capacidad para fiscalizar la gestión regional y defender los intereses de la población.
Ante la magnitud del escándalo, la población de San Vicente de Cañete exige una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido con el expediente técnico del puente Clarita y determinar las responsabilidades políticas y administrativas a que haya lugar.
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