Denuncian falta de imparcialidad en operadores de justicia mientras víctima queda desprotegida
Un caso que ha generado preocupación en Cañete expone, una vez más, las dudas sobre la aparente imparcialidad de los operadores de justicia en el Perú. La fiscal Carmela Elizabeth Aguado Mayta decidió archivar la denuncia de violencia severa presentada contra Soledad Melchorita Sánchez Portuguez, secretaria de juzgado del Poder Judicial de Lima, dejando sin efecto las medidas de protección otorgadas a la víctima, una adulta mayor de 67 años con una enfermedad crónica.
La denuncia, presentada por su tía, E.S.P., incluía informes del Centro de Emergencia Mujer que documentaban un «riesgo severo» y «afectación psicológica». A pesar de ello, la fiscal no tomó en cuenta las pruebas presentadas, ni citó a los testigos clave. Además, ignoró el historial de agresiones de la denunciada, quien enfrenta otro proceso por agresión física en la misma jurisdicción.
El abogado de la víctima, Roger Pando, ha solicitado una revisión inmediata del caso y la intervención de la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, para garantizar justicia. Este caso no solo expone la aparente demora e irregularidades en el proceso, sino también la peligrosa desprotección que enfrentan las víctimas de violencia familiar.