El fiscal que ignoró la denuncia sobre la acumulación de basura en Cañete, pero se apresuró a intervenir en una protesta laboral, se enfrenta a graves cuestionamientos por su vinculación con aparentes negocios municipales
La conducta del fiscal Carlos Marks Costa Angulo, de la Fiscalía de Prevención del Delito y Materia Ambiental, genera serias dudas sobre su imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de su cargo. En lugar de actuar frente a la denuncia presentada por la alcaldesa Carmen Ramos Oyolo sobre la acumulación de basura y el mal manejo de residuos sólidos en Cañete, Costa Angulo ha permanecido en silencio. La denuncia detalla la negligencia en la recolección y disposición de desechos, además del depósito ilegal en la zona de Pueblo Nuevo de Conta, situación que ya fue alertada ante la OEFA.
Curiosamente, Costa Angulo no ha mostrado la misma pasividad en otros casos. Recientemente, intervino con dureza contra los obreros del Somunca en una protesta por el incumplimiento de pactos laborales, amedrentándolos con denuncias por disturbios y contaminación sonora. La contradicción entre su inacción frente a los problemas ambientales y su mano dura contra los manifestantes plantea dudas sobre su imparcialidad.
La situación se complica aún más al conocerse que la hija de Costa Angulo, quien posee un RUC desde febrero de 2024, ha facturado S/7,500 a la Municipalidad Provincial de Cañete. Esta vinculación financiera con el municipio, precisamente en la gestión de Tony Alcántara Malásquez, genera un claro conflicto de intereses, poniendo en tela de juicio la objetividad de sus decisiones.
La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes de los fiscales superiores sobre este caso que involucra tanto la negligencia en la protección ambiental como posibles actos de corrupción.
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