Contrataciones en Cañete: Análisis de la Licitación Ganada por «Loa» y la Controversia de las Firmas
En un giro sorprendente de los acontecimientos en la provincia de Cañete, la empresa «Inversiones Loa Hnos SAC» ha vuelto a capturar la atención pública tras ganar una licitación de más de S/ 19 millones para la construcción del colegio Pedro Silva Luyo, en el CP La Quebrada. El consorcio San Luis, formado exclusivamente para este proyecto, destaca por su singular participación, donde «Loa» posee una abrumadora participación del 90%.
Sin embargo, la reciente adjudicación ha desatado un mar de interrogantes, especialmente en torno a la validez de las firmas del representante William Vicente Loa Quispe, cuya autenticidad se cuestiona tras la aparición de diferencias en las estamparías en documentos clave de licitaciones anteriores. En particular, las discrepancias fueron notadas entre las firmas presentadas en la licitación del colegio Miguel Graú en Quilmaná y las utilizadas para el actual contrato.
La situación agrava la percepción de irregularidades en los procesos de selección, elevando las alertas sobre la posible existencia de “Falsas Declaraciones en un Procedimiento”, un hecho que, de ser comprobado, podría derivar en serias consecuencias legales para los involucrados. En medio de estas preocupaciones, tanto el Organismo Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) como la Fiscalía Anticorrupción están llamados a actuar, evaluando si se hará justicia o si se ignorarán las evidencias en pos de intereses ocultos.
El consorcio San Luis ha sido el único seleccionado en un proceso que contempló más de 20 postores, lo que levanta aún más sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Mientras tanto, la imagen de «Los Lindos de Lima Sur» sigue resonando en la opinión pública, y no precisamente por su reputación, sino por las sombras que asoman detrás de una victoria que, si se deja de lado la ética, podría considerarse un golpe de suerte. La necesidad de esclarecer estos hechos es imperativa para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que los recursos del estado se utilicen para el verdadero beneficio de la ciudadanía.
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