El botín preferido de los grandes ladrones que ha tenido y tiene el Estado peruano en sus diferentes niveles de gobierno
Aunque así lo parezca, la denuncia hecha a inicios de marzo por el ministro de Educación, Óscar Becerra, sobre los más de 700 millones de soles en consultorías innecesarias que financió su sector, no destapó, en realidad, la caja de Pandora.
Desde 2020, el diario EXPRESO viene denunciando esa suerte de club de «millonarias consultorías» que acuña el Ministerio de Economía y Finanzas –desde el gobierno del Alejandro Toledo–, por ejemplo con la gestión de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar esos «trascendentales estudios», que los bolsillos de los contribuyentes pagan hasta la actualidad.
Otros medios de prensa también han cuestionado las exorbitantes sumas de dinero que el Estado desembolsa bajo el concepto de «análisis y recomendaciones» para el mejor funcionamiento de tal o cual área, proyecto o programa estatal, para «beneficio de la población», a renombrados consultores o empresas de diverso orden: contables, jurídicas, comunicacionales, etc.
Y qué decir de los desembolsos estatales para la elaboración de expedientes técnicos de obras que al final no se ejecutan. Esta modalidad es una de las más disfrazados en los gobiernos regionales y locales (municipales).
