Comisión Interamericana solo interviene cuando se agota la vía legal interna. Mientras tanto, el Foro de Madrid entregó documento a la OEA denunciando la injerencia política en Perú
El recurso legal presentado por la defensa de Pedro Castillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener su libertad y reposición en el cargo de presidente del Perú no tendría ningún asidero jurídico.
Muy en el fondo, el pedido anunciado hace algunos días por el exministro de Defensa, Walter Ayala, tendría intenciones básicamente políticas con la finalidad de generar un “ruido” internacional en beneficio de una red izquierdista que busca extender sus tentáculos en toda la región.
Los abogados de Castillo Terrones han recurrido a la CIDH sin haber agotado las vías legales en el Perú. El premier Alberto Otárola había advertido de las pretensiones del exmandatario de “internacionalizar” su caso ante la demora de la justicia peruana para procesarlo.
