¡COSAS DE PERUANOS!!!

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En el Ministerio del Interior adjudicaron compra de cascos de seguridad para policías a postor que incumplía condiciones

La Contraloría General detectó que funcionarios del Ministerio del Interior favorecieron a un postor al cual adjudicaron la buena pro del proceso realizado en el 2020 para la compra de 2404 cascos de seguridad destinados a policías del servicio de patrullaje motorizado a nivel nacional, por un valor de S/ 3 997 000, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas, identificándose además que no contaba con la representación de la firma que ofrecía los productos, entre otras situaciones, que afectaron la oportuna adquisición para atender dicha necesidad y se puso en riesgo la seguridad del personal policial.

Por este hecho identificado, el Informe de Control Específico N° 019-2022-2-0282-SCE determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres (3) funcionarios, dos (2) integrantes del Comité de Selección y uno (1) de la Oficina de Abastecimientos que participaron de la adjudicación simplificada efectuada en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana de 17 departamentos”, durante el periodo del 14 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020.

Se evidenció que la oferta del postor incumplía con el requisito de presentación obligatoria del documento que acreditaba la representación de quien la firmaba como su representante, subsanando dicho documento con un certificado de vigencia de poder emitido en la fecha establecida para la presentación de ofertas, contraviniendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De igual forma, los integrantes del comité de selección aprobaron por mayoría de votos la oferta de casco de seguridad aun cuando el producto no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases, relacionada específicamente a la característica de “correa de nuca desmontable”.

La Contraloría General recomendó al titular del Ministerio del Interior para adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra los presuntos responsables.

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