Los únicos que no están investigados por fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios son: Cajamarca, Mesías Guevara; La Libertad, Manuel Llempén; y San Martín, Pedro Bogarín
En los últimos meses una gran cantidad de gobernadores regionales tuvieron que dejar sus cargos, los detuvieron, allanaron sus viviendas y/o los suspendieron debido a investigaciones por presuntos delitos como peculado, colusión y crimen organizado, no solo en su actual gestión sino, antes de ella.
Actualmente 22 de los 25 gobernadores regionales tienen procesos abiertos y son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot). Los únicos que no están incluidos en investigaciones son los gobernadores de Cajamarca, Mesías Guevara; La Libertad, Manuel Llempén; y San Martín, Pedro Bogarín.
Los casos más sonados son los de los gobernadores de Arequipa, Elmer Cáceres; y Puno, Agustín Luque, quienes tienen prisión preventiva.
Anselmo Lozano, de Lambayeque, está con arresto domiciliario; Wilmer Dios, de Tumbes, sentenciado y prófugo; y Vladimir Cerrón, suspendido de su cargo en Junín por una condena del 2019.
El último en sonar fue el caso de Francisco Pezo, gobernador de Ucayali, sobre quien recae una orden de detención preliminar.
