VLADIMIR CERRON SUEÑA CON HACER DEL PERÚ – UNA NUEVA VENEZUELA O CUBA…

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En marcha plan del sentenciado exgobernador de Junín – para estatizar el país a través de una nueva Constitución

El presidente Pedro Castillo se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para promover las inversiones al país. Durante su discurso, instó a los empresarios a invertir en el país “sin desconfianza, sin duda y sin temores”.

El Perú es enorme, tiene climas distintos, su productividad es diversa, así como ustedes desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario ser una sola familia. Un Estado sin inversión privada no podemos salir adelante, y como lo sostengo con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores”, dijo.

Incluso Pedro Castillo aseguró ante los inversionistas que el Perú garantiza una seguridad jurídica.

PLAN

Sin embargo, Perú Libre, por indicación de su máximo líder Vladimir Cerrón, continúa con la recolección de firmas para un referéndum que instaure en el país una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, con el objetivo de que el Estado participe en actividades económicas y se revise los contratos de estabilidad tributaria.

Fuentes del partido oficialista revelaron que el aspecto central del cambio de constitución es el capítulo económico, específicamente los artículos que impiden la revisión de los contratos de estabilidad tributaria. Congresistas y dirigentes de Perú Libre en sus discursos afirman que buscan el cambio total del capítulo económico.

La mirada está bajo siete grandes proyectos mineros como Quellaveco, Cerro Vede, Las Bambas, Toromocho y Constancia, donde las inversiones suman más de US$ 21,000 millones. Hoy, los contratos de estabilidad tributaria están protegidos por el artículo 62 del texto constitucional.

RETROCESO

En campaña Pedro Castillo, digitado por Cerrón, anunció que un gobierno de Perú Libre planteará la revisión de los contratos que suscribió el Estado peruano con las empresas trasnacionales, para la explotación de los recursos naturales. El ahora mandatario consideró, en ese entonces, que el 70% de las utilidades obtenidas, deben pasar al Estado y el 30% restante, quedarse en manos de la empresa privada.

En buena cuenta, se replantearía la aplicación del impuesto a la renta —que afecta las ganancias o utilidades— y que en este momento es de 30%, para convertirse en 70%.

Esta propuesta pone en riesgo la inversión futura en los principales proyectos mineros del país, afectando la creación de empleo en medio de la crisis que vivimos.

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